El PERTE, que cuenta con medidas gestionadas por los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; de Industria, Comercio y Turismo; de Asuntos Económicos y Transformación Digital; así como del de Ciencia e Innovación, va dirigido a propiciar la transformación de la cadena agroalimentaria e impulsar la modernización y digitalización del sector, su crecimiento económico y la cohesión territorial.
Este PERTE contará con una inversión pública de aproximadamente 1.000 millones de euros hasta 2023. Se prevé que genere un impacto de partida en la economía de aproximadamente 3.000 millones de euros, estimándose además una creación neta de hasta 16.000 empleos.
El sector agroalimentario contribuye con casi un 10 % al PIB y está conformado, en su mayor parte, por pequeñas y medianas empresas. Un 96 % de las más de 30.500 empresas son pymes. De esta forma, el PERTE se concibe como un conjunto de medidas que benefician a empresas y autónomos del sector agroalimentario y que generan sinergias con unos objetivos claros: mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la trazabilidad y seguridad del sector agroalimentario. Además, dada la importancia del sector agroalimentario en el medio rural, se incorpora la contribución al reto demográfico como objetivo transversal.
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